Por Susannah Nesmith
Florida Center for Investigative Reporting
Daddy A+Plus operaba un dinámico negocio como proxeneta en Miami-Dade. En 2009 incluso apareció en la portada de la guía de entretenimiento para adultos Sex Action, que indicaba que el hombre estaba “controlando el sector”.
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Su éxito no resultaba cosa rara. Los proxenetas como él han ayudado a la Florida a convertirse en el tercer estado del país con más casos de tráfico sexual reportados al Centro Nacional de Recursos sobre Tráfico Humano.
Ese éxito llegó a su fin en el 2013, cuando Daddy A+Plus, cuyo nombre real es Alexander Valdés, fue sentenciado a 18 años de prisión por cargos relacionados con el proxenetismo, uno de los pocos en la Florida en que se ha logrado una condena contra ese flagelo.
Florida modificó sus leyes en el 2012 y el 2013 para aumentar las penas por tráfico sexual, parte de un movimiento nacional de reforma que tiene como fin considerar a las prostitutas víctimas, no delincuentes, y centrarse más en perseguir a los traficantes.
Con los cambios se asignaron recursos adicionales al tratamiento de menores, y facilitaron la condena de traficantes de menores. El año pasado, legisladores estatales aprobaron la creación de un Consejo Estatal sobre el Tráfico Humano, presidido por la fiscal estatal Pam Bondi.
Un estatuto aprobado en la Florida en el 2012 declaró: “La intención de la Legislatura es que los traficantes de personas sean penalizados” y se ofrezca protección a las víctimas.
A pesar de los cambios, un análisis estatal del Florida Center for Investigative Reporting, en colaboración con la televisora WFOR/CBS Miami, encontró que se enjuicia a pocos traficantes de personas con motivos sexuales.
Para mediados de octubre, en la Florida solo había 24 hombres y mujeres en prisiones estatales por tráfico sexual. Mientras tanto, todos los años se siguen arrestando a cientos de prostitutas.
“Las entidades policiales no se están coordinando bien”, dijo Elizabeth Fisher, directora de Selah Freedom, una organización de Sarasota que ayuda a las víctimas y capacita a departamentos policiales. “Están aprendiendo”.
José Alfonso, de la policía de Miami, detiene a una sospechosa de prostitución en la Calle Ocho, en julio de este año, para darle la oportunidad de denunciar si es víctima de abuso o coerción. (Foto de John Van Beekum.)
Los defensores de las víctimas dicen que la imagen, incluso entre las fuerzas policiales, de una prostituta independiente que trabaja por su cuenta rara vez es precisa. Muchas prostitutas adultas se iniciaron en la actividad cuando eran menores.
“Nunca hemos conocido en la vida real a [una prostituta] que trabajara por su cuenta, no para un proxeneta”, dijo Fisher, quien ha ayudado a cientos de víctimas.
La procuradora general Bondi ha prometido hacer de la Florida “un estado con cero tolerancia al tráfico humano”. Pero del despacho de Bondi identificó a sólo 51 acusados que los fiscales han acusados de delitos relacionados con el tráfico humano desde que fue elegida al cargo en el 2010, casi la mitad de ellos en una operación reciente. De los 14 acusados que han sido declarados culpables, tres fueron condenados a probatoria y ocho recibieron menos de cinco años tras la rejas. Solo uno de los 14 fue condenado a más de 10 años.
“En el 2012 yo presioné porque se aprobaran leyes que facilitaran a todos los fiscales de la Florida el encausamiento de casos de tráfico humano, y desde entonces hemos visto un aumento en las investigaciones de ese flagelo en todo el estado”, expresó Bondi en un comunicado.
Miami-Dade es el único condado en implementar un esfuerzo concentrado para combatir el problema.
De los 24 prisioneros condenados por tráfico sexual que están presos en la Florida, 15 son de Miami-Dade. El resto son de los condados Orange (7), Collier (1) y Pinellas (1).
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, creó hace tres años la Unidad de Tráfico Humano, ayudó a establecer un grupo de estudios en la Universidad de Miami para analizar el problema, y lanzó una campaña de relaciones públicas para informar a la población que las víctimas tienen recursos a los que acudir. La unidad cuenta con especialistas que trabajan con las prostitutas incluso si se desestima un caso contra el proxeneta.
“Lo más difícil ha sido alentar a las víctimas”, dijo Fernández Rundle. “Tratar de alentarlas a que se alejen de esa relación que han tenido con un depredador”.
En contexto, los éxitos de Miami-Dade pueden parecer menores.
Entre 2010 y 2014, entidades policiales y fiscales de Miami-Dade han acusado a 250 personas identificadas por el despacho de Fernández Rundle como participantes en el proxenetismo. Solo 36 de esos acusados habían ido a prisión bajo cualquier cargo para principios del 2015.
Esas cifras son un fuerte contraste con el ritmo de arrestos de prostitutas.
La Policía de Miami-Dade presentó más de 3,200 casos de prostitución contra hombres y mujeres, y 37 casos contra menores, durante el mismo período de cinco años (un acusado fue encausado por varios cargos). Los casos de los menores no aparecen en los registros públicos, pero Fernández Rundle dijo que todos, excepto un puñado, fueron desestimados.
“Creo que en muchas jurisdicciones todavía se piensa que las niñas participan [en la prostitución] por su propia voluntad”, dijo José Alfonso, alto jefe policial de Miami, quien hasta hace poco estaba asignado a la Unidad contra el Tráfico Humano de Fernández Rundle.
Por su parte, las prostitutas con frecuencia no admiten que tienen un proxeneta que las controla.
“Cuando hacemos operaciones de arresto, lo niegan de plano”, dijo Alfonso. “Creen que nosotros somos sus enemigos”.
Valdes
Entre las frustraciones de Alfonso está el caso de una víctima de 11 años que tuvo que desestimar porque contó muchas versiones de los hechos, y otra en que la víctima era una adicta a la heroína, que comenzó antes de conocer a su proxeneta, lo que desacreditó el testimonio de la mujer.
Pero los mensajes de texto revelan verdades que las víctimas se niegan a contar. También han resultado útiles en persuadir a los traficantes a aceptar negociaciones de cargos que evitan que las víctimas testifiquen.
“Nuestras víctimas están muy traumatizadas”, dijo Fernández Rundle. Por ello, los fiscales deben decidir si obligar a la víctima a declarar es una crueldad y quizás la dañe psicológicamente para siempre”.
Aunque sólo un puñado de otras agencias de la Florida se han concentrado con tanta fuerza como Miami-Dade en combatir el tráfico humano, en enero fiscales del Condado de Orange hicieron cumplir las leyes estatales contra el tráfico sexual contra Aaron D. George. Este, proxeneta desde hace muchos años, es la única persona en el estado en cumplir una sentencia de cadena perpetua por tráfico de menores. George fue a prisión dos veces por el cargo menos serio de vivir de las ganancias de la prostitución.
“Creo que la Legislatura nos ha dado las herramientas que necesitamos”, dijo la fiscal Deborah Barra, quien llevó el caso contra George.